Un profundo y variado análisis del sector frutícola marca Agrotrade 2023
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Viveros de Chile expuso el pasado jueves 22 de junio ante la Comisión Mixta de Senadores y Diputados encargada de resolver las discrepancias surgidas durante la tramitación del proyecto de ley sobre protección ambiental de las turberas, correspondiente al Boletín N° 12.017-12.
Dicho proyecto plantea en su artículo 3 prohibir la importación y comercialización de turba, lo que a juicio de la industria atentaría gravemente la Seguridad Alimentaria de Chile por suponer una disminución importante en la producción de alimentos a nivel local.
La Directora Ejecutiva de Viveros de Chile, Maritrini Lapuente, expuso en el Ex Congreso Nacional junto a otros gremios agroalimentarios como Hortach y Chilealimentos, donde manifestaron que el objetivo de los gremios a los que representan no es oponerse a la regulación de la producción de turba que se realiza en el país, ya que este sustrato local no se utilizada en la producción de plantas, dada su heterogeneidad.
En este sentido, el planteamiento de Viveros de Chile y del resto de los gremios, se enfocó en la necesidad de eliminar del proyecto de ley la prohibición de importación y comercialización de turba en el país, ya que la turba importada es un insumo vital para la producción de plantas de hortalizas, algunos frutales, semillas y muchos otros productos agrícolas.
“En nuestro país, la producción de plantas y plantines no utiliza turba local, ya que ésta es altamente heterogénea, lo que dificulta la germinación de semillas, por eso se recurre a la turba importada que es estandarizada y sujeta a estrictas regulaciones medioambientales en los países de origen, por tanto es un sustrato más seguro para reproducir plantas” destacó Maritrini Lapuente.
Por otra parte, se hizo hincapié en que sin turba aumentaría el precio de la canasta básica de alimentos, ya que a la fecha no existe un sustituto de la turba validado para uso agrícola a escala comercial.
Asistieron a la audiencia además otros invitados del sector privado y del poder ejecutivo como el Ministerio de Agricultura, a través del SAG, y el Ministerio del Medio Ambiente, que respaldaron la posición de los gremios agroalimentarios.
La Comisión parlamentaria se abocará en las próximas semanas a modificar el proyecto de ley en discusión y someterlo posteriormente a aprobación en ambas cámaras del parlamento.
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